La fundación de nuestra Asociación de Jubilados de los Colegios Profesionales, hace ya 25 años, tuvo dos finalidades bien definidas: por una parte, conocernos, sabernos fuertes, completar nuestras actividades y unir fuerzas de ayuda mutua; y, por otra, hacer frente a una decisión gubernamental injustamente prolongada: la permanencia del tope de las pensiones.
El primero de los propósitos lo hemos cumplido en parte: en nuestra Junta Directiva tenemos a representantes de numerosos colegios profesionales, como son, por orden alfabético: arquitectos, economistas, farmacéuticos, ingenieros Agrónomos, de Caminos, Industriales, de Montes, Navales y Oceánicos, profesores, más químicos y veterinarios. Y estamos en contacto con otros muchos colegios profesionales.
Además, se formaron varios grupos provinciales asociados, entre los que descuella por su número de colegiados y su constante actividad, el de Asturias. Y, en este apartado, no debemos silenciar el Título de Socio Protector que recibimos de la Asociación de Profesionales de Álava, el 27 de enero de 2005.
Y a nuestros asociados y a sus familiares y amigos les ofrecemos, en colaboración con varios Colegios Profesionales, numerosas oportunidades de charlas, cursos, tertulias, excursiones, viajes, estancias en residencias y balnearios, etc., que anunciamos puntualmente en nuestra revista trimestral Balance y Perspectiva.
Además, de nuestra actividad de “procurar el bienestar de los asociados”, hemos establecido un interesante contacto intergeneracional con jóvenes y adolescentes de los últimos cursos numerosos institutos y colegios, con nuestras charlas “Orientación desde la experiencia”. Por esta continuada labor nuestra Asociación fue declarada “Entidad de Utilidad Pública Municipal”. (Madrid, 24 de abril de 2008).
Nuestra lucha en contra de la limitación de las pensiones de mayor cuantía ha sido constante y titánica. Y no pensamos renunciar a este frente, porque la razón y la ley están de nuestra parte.
El Tope de Pensiones se impuso por una Ley de Presupuestos socialista (Ley 44/1983) debido a la entonces situación precaria de la Seguridad Social. Fueron numerosísimas las iniciativas que desarrollamos para conseguir la desaparición del tope. Desde solicitar nuestra presencia en el Pacto de Toledo, a escribir cartas personalísimas a políticos de todos los signos. Y más cuando, veintiún año después, la Seguridad Social estaba recuperada y con números positivos.
El 24 de mayo de 2005, presentamos en el Congreso de los Diputados el Manifiesto de 6.000 firmas contra el “Tope” de las Pensiones, manifiesto al que se unieron otros 60.000 perjudicados. En él denunciábamos la injusticia, la irregularidad legal y la vulneración de los derechos constitucionalmente reconocidos y legítimamente adquiridos. Nuestro escrito de petición fue registrado con el número 063182 y “trasladado a la Comisión de Peticiones de la Cámara para su oportuno estudio y tramitación”. (25 de mayo de 2005. La jefe del Departamento de Registro y Distribución de Documentos, Marina Ferreira González). Nuestra petición fue silenciada.
Entonces, aconsejados por el ex-presidente del Tribunal Superior del País Vasco, Manuel María Zorrilla Ruiz, que había sido el primero en acudir al Tribunal Constitucional, para eliminar el injusto tope, nos decidimos a acudir nuevamente al Tribunal Constitucional, apoyándonos en su sentencia de 1993, en la que afirmaba que “se podía incurrir en inconstitucionalidad si la medida, exigida por los momentos de precariedad económica, se convirtiera en permanente y sistemática”. Para ello, había que solicitarlo a través de un juez. Se nos aconsejó el bufete de abogados de De la Villa Gil, de la Gran Vía madrileña, aun sabiendo lo costoso que ello iba a ser.
Varios Colegios profesionales aportaron mil euros, y cien numerosos asociados. Fue este el momento de solicitar a nuestros asociados que se prestaran a presentar en el juzgados la solicitud de llegar al Tribunal Constitucional. Entre los que se presentaron, seleccionamos a estos seis compañeros: Celestino Álvarez Álvarez, economista de Madrid; Ramón Sala Aymerich, ingeniero industrial, de Barcelona; Julio Marco Martín, ingeniero de Caminos, de Bilbao; Pedro Espina Muniello, economista, de Oviedo; Juan José Oliver Martí, ingeniero de Caminos, de Valencia; y Miguel Ángel Nistar Bedia, ingeniero Naval, de Gijón. En la selección tuvimos en cuenta, sobre todo, la distribución geográfica de los juzgados.
Se celebraron las seis vistas, los abogados cobraron seis mil euros por cada defensa, y algo que parecía tan simple como solicitar al Tribunal Constitucional que declarase si con la cuestión del tope se estaba incurriendo en inconstitucionalidad, ni uno solo de los jueces aceptó nuestra demanda, amparándose en un futurible, en algo que no se le pedía: “hoy la Seguridad Social puede asumirlo, ¿pero el día de mañana?”. Para mayor INRI, varias sentencias fueron calcadas (¿por internet?) de la sentencia anterior.
Cuando la frustrada Asociación de Jueces y Magistrados Jubilados de España pidieron federarse con nosotros, de la mano de su presidente Manuel María Zorrilla, algunos de ellos reprocharon a jueces amigos su “curiosa” sentencia.
La actualidad española, depauperadísima en su economía, no es buen momento para lograr nuestro propósito; pero esperamos ilusionados un horizonte rico en el que podamos exigir y lograr la extinción del tope, pues la justicia está de nuestro lado, y la justicia, a la corta o a la larga, siempre triunfa.
