Hace días asistí, en el Centro Riojano, a una conferencia de Teodoro Martín Martín, sobre la figura histórica de Salustiano de Olózaga, (1805-1873), riojano, político liberal del siglo XIX, uno de tantos personajes decimonónicos (algunos nefastos) que han resistido el paso de la historia sin moverse del callejero español: Serrano, Espartero, Joaquín María López, Sagasta, Cánovas, Narváez, Mendizábal, O’Donnell… Y me suscitó las siguientes reflexiones en torno a la Desamortización de Mendizábal, la destrucción de bienes religiosos desde 1931 a 1939 y el expolio de las Fundaciones benéficas a lo largo del siglo xx
La Desamortización de Mendizábal
Olózaga fue ministro, embajador y presidente del Gobierno. En 1835, con 30 años, Mendizábal le nombra gobernador civil de Madrid. Y empieza su gran obra: la desamortización de los bienes de la Iglesia. Con frialdad feroz, Olózaga expolia los inmensurables bienes históricos y artísticos de decenas de iglesias y conventos, que son malvendidos y derrochados. Luego arrasa los edificios, cuyos solares son convertidos en plazas y glorietas, o entregados a políticos y nobles afines para que levanten muchos de los grandes edificios que hoy vemos en Madrid. Casi todas las plazuelas del Madrid de la época sostuvieron edificios eclesiásticos.
Hasta hoy, jamás se ha hecho inventario de la magnitud de aquella catástrofe histórica y artística que asoló toda España. Al mismo tiempo se suprimieron los diezmos y primicias que recibía la Iglesia, con lo que se condenó a gran parte del clero, frailes y monjas a la escueta miseria, sin más ingresos que los derivados del culto, los sacramentos y las limosnas.
Cuando en 1853, Olózaga entró en la Real Academia de la Historia, en su discurso de ingreso lamentó amargamente aquella “barbarie, destrucción y ruina nacionales”. Es verdad que ése era el sentimiento que se extendía por las clases más responsables de España, apenas diez años de caído Mendizábal. De modo que en 1851 se firmó el primer Concordato entre España y la Santa Sede, en el cual se estableció que el Estado español abonaría a la Iglesia la cantidad establecida, en concepto de indemnización por los bienes que antes le habían sido usurpados.
Este es el origen del dinero que el Estado ha dado hasta hoy a la Iglesia. No es una gracia, ni un regalo a los curas, sino una mínima devolución de lo que a la Iglesia se le quitó.
Y pregunto: ¿Quién lo explica? Cuando tanto se ha gritado contra el dinero que les estamos dando a los curas, ¿ha oído alguien una razonada justificación histórica a algún obispo o autoridad eclesiástica? ¿Ha recibido el pueblo español, cristiano o no, alguna explicación de por qué el Estado, durante siglo y medio y con todos los gobiernos y regímenes -salvo el republicano- pagó a la Iglesia una cantidad indemnizatoria? (Luego, muy modernamente, sí se ha justificado en razón de las obras sociales que la Iglesia presta a los ciudadanos).
Destrucción de bienes religiosos desde 1931 a 1939
Y llegamos a la otra gran barbarie desplegada en el católico pueblo español: la mayor y más brutal persecución sufrida por la Iglesia en los 2000 años de cristianismo. ¡Gran honor para los mártires españoles! ¡Y gran vergüenza para los españoles por haber dado patria a la más alta bestialidad humana capaz de aquella barbarie! Empezó en 1931, se intensificó en 1934 y culminó en el trienio sacro, 1936 a 1939.
Los historiadores hallan dificultad para explicar la horrorosa aberración nazi contra los judíos, que tuvo como sujeto activo al pueblo más desarrollado y culto de Europa. Y ¿cómo se puede explicar el odio brutal de buena parte del pueblo español, guiado por la izquierda marxista y anarquista, contra todo lo que oliera a cristianismo?
Miles de iglesias, monasterios y colegios religiosos fueron incendiados y arrasados; miles de retablos, tallas y pinturas visigóticas, románicas, góticas y renacentistas, campanas, ornamentos, cruces, sagrarios y objetos del culto fueron incendiados, mutilados, destruidos o, en el mejor de los casos, expoliados.
Es imposible una evaluación monetaria de esta gigantesca destrucción. Pues bien, nuestra democracia ha devuelto a partidos políticos y sindicatos (algunos no ajenos de aquella barbarie) miles de millones de euros y cientos de edificios en restitución o compensación por los bienes que el régimen de Franco les quitó. ¿Con cuánto se ha indemnizado a la Iglesia y a las Órdenes Religiosas por el incalculable tesoro que socialistas, comunistas y anarquistas le quitaron? Y aun parecía mucho la raquítica paga que el Estado daba a obispos y sacerdotes, que a los religiosos ni eso siquiera. ¿Quién ha explicado esto sin avergonzarse por la ínfima restitución que el Estado hacía a la Iglesia?
Expolio de las Fundaciones benéficas a lo largo del siglo xx
El tercer expolio hecho por el Estado Español a la Iglesia es el más desconocido, pero no menos importante. Durante el último tercio del siglo XIX y comienzos del XX surgieron en España multitud de donaciones a la Iglesia, principalmente para la enseñanza de los pobres, asistencia a ancianos y enfermos y para acogida de mujeres jóvenes necesitadas: las tres grandes necesidades sociales que se apreciaban en la época.
La mayoría nacía con fondos generosos, no menos de un millón de pesetas. Según el rating del Banco de España, un millón de pesetas de 1910 equivaldría a algo más de mil millones de pesetas de 2002. Ante esas cantidades, el gobierno español creyó necesario regular las donaciones y promulgó la Ley Básica de Fundaciones de 1 de mayo de 1855, que daba forma a la segunda desamortización. Pues dicha ley establecía que las donaciones debían acogerse al estatuto de Fundación benéfica. Posteriormente, un Real Decreto de 14 de marzo de 1899 ordenaba que las fundaciones debían colocar sus bienes fundacionales en cédulas del Estado en el Banco de España, con interés fijo perpetuo al 3%.
El Banco de España tenía registradas en el año 1930 más de tres mil fundaciones benéficas de la Iglesia. Con ese dinero fundacional se construyeron cientos de edificios en toda España: colegios, asilos, casas de beneficencia, que vivieron desahogadamente hasta 1931. (Nos quedan en Madrid decenas de esos edificios, muchos de ellos de precioso estilo neomudéjar). Pero después de la Guerra Civil, las fundaciones que pudieron levantarse siguieron recibiendo los mismos intereses que el día de su fundación. Hemos conocido muchas fundaciones que en 1960 no llegaban a percibir treinta mil pesetas al año de intereses. Pero en el Banco de España el dinero siguió revalorizándose -hasta el 2000%- en beneficio del Estado. Todas las fundaciones desaparecieron como tales en situación económicamente inviable.
¿Qué compensación ha dado el Estado a la Iglesia por el expolio de esta inmensa cantidad de millones que quedó para beneficio exclusivo del erario público y acarreó la ruina de cientos de instituciones eclesiales? Jamás hemos oído una justificación de este hecho, y ni siquiera sabemos si la jerarquía eclesiástica reclamó alguna compensación cuando tuvo que negociar la aportación del Estado a su subsistencia o las nuevas leyes de Fundaciones. Sí puedo testificar que hace tres años un señor obispo español, de 54 años, desconocía absolutamente esta cuestión.
¿Todavía nos sigue pareciendo mucho el dinero que el Estado español está dando a la Iglesia?
Licenciado en Filología Románica
